By Querétaro, Qro. 25 de Agosto 2025 .Propietarios de diversos inmuebles en fraccionamientos en la entidad denunciaron irregularidades graves en desarrollos habitacionales y exigieron a las autoridades estatales y municipales intervenir para frenar el avance de prácticas fraudulentas que afectan el patrimonio de cientos de familias.
Durante una rueda de prensa, los representantes vecinales señalaron directamente al desarrollador José Luis Yañez Piñera y a su esposa Estela San Juan Soto, a quienes se les imputan ventas de lotes y viviendas sin contar con licencias ni infraestructura básica. De acuerdo con los testimonios, los proyectos Camelot, El Quercus, El Roble y El Encino presentan deficiencias que van desde la falta de energía eléctrica y agua potable hasta riesgos estructurales severos.
Los afectados cuestionaron también las declaraciones de Arturo Hernández, quien se presentó como integrante de la Asociación Queretana de Inmobiliari@s y afirmó que algunos de estos fraccionamientos estaban prácticamente terminados. Los vecinos rechazaron esta versión, asegurando que la documentación oficial y las inspecciones contradicen dichos señalamientos.
“Llevamos cuatro años en mesas de trabajo con el municipio y el avance es mínimo. Decir que estos proyectos están al 95% es faltar a la verdad. Sin energía eléctrica suficiente, sin planta tratadora operativa y con accesos clausurados, es imposible hablar de un fraccionamiento terminado”, puntualizaron.
Los denunciantes revelaron que en el caso del fraccionamiento Camelot, la fianza para la terminación de obra fue reducida de 11.5 millones a 1.5 millones de pesos durante la administración municipal anterior, sin consultar a los afectados. Este acuerdo, afirmaron, se realizó “a espaldas de los compradores” y hoy es objeto de recursos legales para revertirlo.
Ante la Fiscalía General del Estado, se han presentado alrededor de 170 denuncias, con un presunto fraude que asciende a 16 millones de pesos. En algunos casos ya existen órdenes de aprehensión y audiencias judiciales en proceso. Un juez determinó que las ventas constituyen delitos continuados contra el orden y la seguridad del desarrollo urbano, descartando que la acción penal haya prescrito.
En voz de los vecinos, se expusieron casos como el de Quercus, descrito como “inhabitable” por carecer de agua, calles pavimentadas y transformadores de energía, donde peritajes independientes señalan fallas estructurales graves por un subsuelo mal diseñado, que podrían obligar a demoler y reconstruir viviendas.
Los afectados hicieron un llamado a la Asociación Queretana de Inmobiliari@s para que, en lugar de validar públicamente a los desarrolladores, respalde a los consumidores y exija el cumplimiento pleno de la ley. Asimismo, pidieron al gobierno estatal y municipal reforzar los mecanismos de supervisión y garantizar la reparación del daño, sugiriendo incluso que la autoridad asuma temporalmente los costos de regularización para después cobrarlos a los responsables.
“Querétaro no puede seguir siendo tierra fértil para fraudes inmobiliarios; necesitamos un marco legal sólido y autoridades que actúen sin complicidades”, expresaron.
La exigencia central es clara: terminar las obras conforme a lo vendido, sancionar a los responsables y proteger el patrimonio de las familias afectadas.