By Querétaro, Qro., 21 de agosto de 2025. Pobladores de Santiago Mexquititlán se manifestaron esta mañana frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro para exigir que el gobierno federal respete su derecho a decidir sobre sus recursos hídricos y devuelva el pozo de agua potable del Barrio Cuarto, actualmente bajo control institucional.
El Consejo Indígena de Gobierno de la comunidad acusó a la Conagua de omitir durante años múltiples peticiones y de coordinar acciones que —afirman— han vulnerado la autonomía, la autodeterminación y la integridad de los habitantes. También señalaron la complicidad de instancias estatales, como la Comisión Estatal de Aguas (CEA), a las que responsabilizan de saqueo del vital líquido, distribución de agua de baja calidad así como al CFE de cortes intencionales de energía eléctrica para obstaculizar el suministro.
“Decidimos en asamblea proteger nuestra agua y territorio sin la intervención de instituciones que han actuado en nuestra contra”, expresaron los representantes comunitarios, quienes recalcaron que esta decisión fue ratificada públicamente el 14 de junio, días después de la detención arbitraria de la defensora Estela Hernández Jiménez, quien —según denuncian fue víctima de tortura.
Entre sus principales exigencias, los pobladores demandan:
- La restitución inmediata del pozo del Barrio Cuarto, junto con sus concesiones 08QRO103608/12HMDL12 y 08QRO103093/12HMDL10.
- Que la Conagua respalde legal y técnicamente la gestión autónoma de su sistema de agua potable, sin la intervención de la CEA.
- Que el juez séptimo de distrito garantice su derecho al territorio, resolviendo el amparo 907-2022 a favor de la comunidad.
El Consejo Indígena recordó que la Constitución mexicana en sus artículos 1°, 2° y 4°—, así como el Convenio 169 de la OIT, reconocen a las comunidades originarias como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica propia y facultades para decidir sobre sus recursos naturales, incluido el agua.
Los manifestantes denunciaron además que, mientras su comunidad enfrenta despojo y represión, el Estado mexicano ha privilegiado concesiones de agua para empresas privadas y fraccionamientos. “El agua es del pueblo y no del mal gobierno; nuestro territorio no se vende ni se negocia”, afirmaron.
La comunidad rechazó sostener reuniones privadas dentro de las oficinas federales, por temor a nuevas agresiones. Solicitaron que cualquier mesa de trabajo sea pública y con traductores elegidos por la propia asamblea, para garantizar transparencia y seguridad.
