By A casi un año del incendio que arrasó 530 hectáreas del Área Natural Protegida (ANP) El Tángano, el activista ambiental Federico Orozco hizo un llamado público a las autoridades estatales, federales y municipales para que elaboren y publiquen un plan integral de restauración ecológica.
Durante un pronunciamiento, Orozco quien cuenta con una maestría en políticas públicas ambientales y es reconocido por impulsar el decreto de Peña Colorada— recordó que los días 15 y 16 de abril de 2025 Querétaro “estuvo en shock” ante la impresionante columna de humo que se levantó sobre esta zona ecológica.
El activista subrayó que el incendio afectó incluso la zona núcleo del ANP, considerada la parte de mayor concentración de biodiversidad y recursos naturales. “Se redujo a cenizas la parte más importante del área natural protegida”, señaló.
Asimismo, rechazó que se minimice el daño calificándolo únicamente como afectación a “matorrales y pastizales”, al precisar que en El Tángano existe ecosistema de matorral xerófilo, pero también una zona relevante de selva baja caducifolia, similar a la de Peña Colorada, además de ser un área clave para la infiltración de agua y la regulación climática en la zona metropolitana. de
Orozco explicó que tras un incendio forestal es necesario esperar un periodo prudente antes de reforestar, debido a que el suelo puede volverse hidrofóbico es decir, repeler el agua tras la exposición a altas temperaturas. No obstante, destacó que ya transcurrió un año con buenas lluvias, por lo que consideró que existen condiciones para iniciar un programa estructurado de restauración.
Sin diagnóstico ni plan público
De acuerdo con el activista, tras realizar solicitudes formales de información a dependencias municipales, estatales y federales, se confirmó la afectación de 530 hectáreas y la presencia de diversas autoridades durante el siniestro. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no existe un diagnóstico científico ni un dictamen técnico detallado sobre los daños ecológicos, la pérdida de biodiversidad ni la afectación a los servicios ambientales.
“Se habló de saldo blanco en cuanto a personas, lo cual es lo más importante, pero no hay un diagnóstico sobre el daño ecosistémico”, señaló.
También aseguró que no se ha presentado públicamente un programa integral de restauración ni evidencia de una coordinación interinstitucional efectiva.
Fundamento legal y exigencias
El llamado se sustenta, dijo, en el artículo 4º de la Constitución que reconoce el derecho a un medio ambiente sano el artículo 6º sobre acceso a la información, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley estatal en la materia y el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar transparencia y participación en asuntos ambientales.
Entre las exigencias concretas, solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), como administradores del ANP estatal, liderar y publicar un plan integral de restauración que incluya:
- Dictamen de impacto ambiental.
- Programa de restauración de suelos y vegetación nativa.
- Cronograma público de acciones.
- Presupuesto asignado.
Además, pidieron a la CONAFOR y a la SEMARNAT validar en el Registro Nacional Forestal las 530 hectáreas afectadas para activar la veda de 20 años que impide el cambio de uso de suelo tras incendios forestales.
Finalmente, exhortaron a los presidentes municipales de Querétaro, El Marqués y Huimilpan, así como al gobernador del estado, a implementar un programa permanente de vigilancia perimetral en las ANP metropolitanas, con monitoreo preventivo contra incendios, señalización clara de límites y participación ciudadana supervisada.
“La restauración ecológica no es una opción política, es una obligación legal y ética”, concluyó Orozco, al reiterar la disposición de la sociedad civil para colaborar técnica y socialmente en la recuperación de El Tángano.
