By Querétaro, Qro.7 de Mayo — La incertidumbre y la frustración han marcado la vida de más de 2,000 compradores de terrenos en Querétaro, quienes este martes denunciaron públicamente una serie de fraudes inmobiliarios por parte de distintas desarrolladoras en el estado. Durante una rueda de prensa, los afectados hicieron un llamado urgente para suspender cualquier inversión en preventa de terrenos, advirtiendo sobre el alto riesgo de incumplimiento por parte de las empresas.
“En este momento, la probabilidad de que no te entreguen en las condiciones fijadas o no te entreguen nada es muy alta”, expresó uno de los voceros, quien además señaló la falta de una legislación robusta que brinde seguridad jurídica a los inversionistas, a pesar de que la documentación de los proyectos aparenta ser legítima.
Los afectados apuntaron directamente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) como uno de los principales responsables al avalar proyectos cuestionables, como fue el caso del fraccionamiento El Roble. La dependencia, encabezada por Marco del Prete, apareció públicamente respaldando desarrollos que, según las investigaciones de los compradores, no contaban con el uso de suelo habitacional en el momento en que comenzaron a comercializarse.
Uno de los casos más alarmantes es el del desarrollo “El Roble” en Colón, donde se comercializaron alrededor de 7,000 lotes con la promesa de hasta 20,000 viviendas. Asimismo, en el fraccionamiento “Tierra Noble” se vendieron cerca de 14,000 lotes. Otro desarrollo, “Kerkus”, ubicado en el municipio de Huimilpan, ha dejado a compradores como Claudia Manilla con terrenos sin urbanizar después de más de siete años, pese a las promesas de entrega en dos años.
“He invertido más de medio millón de pesos en un terreno que hoy no tiene calles, drenaje ni luz. No tiene valor alguno porque ni puedo vivir ahí ni puedo venderlo”, lamentó Manilla.
El problema no solo radica en la falta de infraestructura. Los afectados revelaron que algunos desarrollos se publicitaron fraudulentamente como parte de proyectos con campos de golf, cuando estos ya habían sido eliminados del plan original desde 2013 por inviabilidad económica. Aun así, las empresas continuaron vendiendo lotes bajo esa premisa, lo que constituye, según los abogados de los defraudados, un claro acto de engaño.
El abogado José Saúl García Guerrero, quien representa a un grupo de 11 afectados, detalló el tortuoso camino legal que han enfrentado. Aunque en mayo de 2023 presentaron denuncias penales por fraude genérico y delitos contra el desarrollo urbano, la Fiscalía determinó archivar la investigación, decisión que fue revertida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia tras una apelación. A pesar de esto, los avances han sido mínimos, lo que ha llevado a sospechas de corrupción y colusión entre autoridades y las desarrolladoras.
El perjuicio económico estimado supera los 15,000 millones de pesos, considerando solo una media de 500,000 pesos por lote, sin contar daños morales ni otras compensaciones legales. Hasta la fecha, hay más de 400 carpetas de investigación formalmente abiertas, pero los afectados advierten que esto solo representa una parte del problema.
Mientras tanto, los grupos de compradores continúan organizando manifestaciones pacíficas para visibilizar su situación, y han elevado la problemática a instancias estatales, incluso con acercamientos al gobernador y a la Secretaría de Gobierno.
“Queremos justicia y soluciones reales. No estamos dispuestos a seguir esperando mientras se juega con nuestro patrimonio”, concluyeron los voceros.
