By Una vecina de la comunidad Vista Hermosa, en Corregidora, asegura haber sido víctima de un fraude en la compra de un terreno que, según documentos oficiales, pertenece al Gobierno del Estado. La afectada denuncia también presunta omisión de la Fiscalía General del Estado, al señalar que su caso ha sido archivado en dos ocasiones sin una investigación exhaustiva, a pesar de que un juez ordenó indagar posibles irregularidades.
La mujer relató que hace más de un año adquirió el predio por un millón de pesos a un hombre y su hija, quienes se presentaron como propietarios legítimos. Tras entregar el dinero y firmar pagarés, acudió al Jurídico Consultivo del Gobierno del Estado para verificar la situación legal del terreno. Ahí le confirmaron que el inmueble estaba bajo un proceso de expropiación y registrado a nombre del Estado, por lo que no podía ser vendido.
Posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía, pero a los dos meses su carpeta fue archivada bajo el argumento de que no había delito, ya que el vendedor supuestamente desconocía la situación legal. Sin embargo, en una audiencia de impugnación, una jueza determinó que la Fiscalía debía investigar el posible dolo y verificar la titularidad real del predio.
Pese a la resolución judicial, la carpeta fue nuevamente enviada a no ejercicio de la acción penal. La denunciante afirma que, incluso con pruebas y documentos oficiales en mano, los avances han sido nulos. “Me dijeron que podía pasar 10 años con mi carpeta en Fiscalía y no iba a proceder”, señaló.
En febrero, el hombre que le vendió el terreno falleció, pero la mujer mantiene una demanda contra su hija. Además, enfrenta un cobro civil por el último pagaré firmado, con embargo señalado sobre la propiedad donde vive y que construyó junto a su familia, pese a que el predio no es de su propiedad legalmente.
La afectada cuestiona la postura de la autoridad ministerial y hace un llamado al fiscal general y al gobernador para que intervengan. “Si la Fiscalía dice que no hay delito por vender terrenos del Gobierno del Estado, entonces cualquiera podría hacerlo. Esto es el patrimonio de mis hijos y pido justicia”, expresó.
La audiencia de impugnación está programada para el 27 de este mes a las 12:00 horas, y la afectada ha convocado a medios de comunicación para documentar el caso.
