Querétaro, Qro 2 de Noviembre.
La clausura de la estación Galegas ubicada sobre la carretera México–Querétaro, a la altura del monumento a Conín, marcó el punto de partida de una serie de operativos federales contra la venta y distribución de combustible ilegal en el estado.

El operativo, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Guardia Nacional, se llevó a cabo la noche del 19 de septiembre tras detectarse que la estación ofrecía gasolina y diésel a precios considerablemente más bajos que el promedio —regular en $22.39, premium en $23.99 y diésel en $24.49—.
Las largas filas de automovilistas que acudían a abastecerse contrastaban con las sospechas de que el combustible podía ser de procedencia ilícita o adulterada.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron 11 bombas despachadoras y colocaron sellos de suspensión, además de realizar pruebas de laboratorio para verificar la calidad del producto. La estación había cambiado recientemente de razón social, lo que aumentó las sospechas sobre posibles vínculos con el trasiego de hidrocarburos.
A partir de esa fecha, Querétaro se convirtió en el foco de una ofensiva contra el “huachicol”: en menos de un mes se han efectuado 14 operativos que incluyen el decomiso de más de 130 mil litros de combustible, el desmantelamiento de una refinería clandestina en Tequisquiapan y la clausura de otras estaciones, como la de la marca W Energy en Ciudad del Sol, donde se aseguró una pipa cargada con diésel.
Sin embargo, más allá de los decomisos, los efectos del combustible adulterado han comenzado a sentirse directamente entre los consumidores. Desde la clausura de Galegas, varios automovilistas reportaron daños en motores y sistemas de inyección tras cargar gasolina en dicha estación. Aunque las denuncias fueron en su momento aisladas, los testimonios apuntaban a un patrón: precios más bajos de lo habitual y fallas mecánicas al poco tiempo de cargar combustible.

Ese mismo patrón reapareció semanas después, ahora en la gasolinera de Pemex ubicada en Cumbres del Lago, Juriquilla, suspendida el pasado 24 de octubre luego de que más de 70 automovilistas denunciaran afectaciones mecánicas tras cargar gasolina supuestamente adulterada.
La FGR abrió una carpeta de investigación y el gobernador Mauricio Kuri aseguró que el estado colaborará con las autoridades federales y la Profeco para verificar la calidad del combustible en todas las estaciones del estado.
Los reportes de usuarios afectados en Juriquilla recuerdan inevitablemente lo ocurrido en Galegas, donde el atractivo de un precio bajo terminó acompañado de daños en vehículos y la posterior clausura del establecimiento.

El tema volvió a cobrar relevancia el 30 de octubre, cuando un incendio por huachicol se registró a un costado de la autopista México–Querétaro, a la altura del kilómetro 171, luego del derrame y acumulación de diésel robado que formó una “laguna” de combustible sobre tierras agrícolas.
Aunque las autoridades mantienen los operativos activos, los casos recientes muestran que el problema del combustible adulterado y de procedencia ilícita persiste y afecta ya no solo a las estaciones bajo investigación, sino también a los propios consumidores.

En menos de dos meses, Querétaro ha pasado de la clausura de Galegas por precios irregulares a un nuevo episodio en Cumbres del Lago con decenas de vehículos dañados, reflejando una misma constante: la venta de gasolina barata que termina costando caro a los automovilistas.

