“Desde Corregidora proponemos que los menores que cometan delitos graves como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro, puedan ser juzgados como adultos a partir de los 15 años”: Chepe Guerrero.

La iniciativa busca la prevención, atención a las causas, fortalecimiento institucional y herramientas legales eficaces que permitan cerrar espacios al crimen organizado, proteger a las víctimas y cuidar el futuro de las nuevas generaciones.

El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, presentará una iniciativa de Ley orientada a fortalecer el sistema de justicia para adolescentes frente a delitos de alto impacto, bajo un enfoque que combine responsabilidad, reinserción social y protección a las familias.

La propuesta surge ante una realidad que hoy preocupa profundamente a madres, padres y comunidades de todo el país: cada vez más jóvenes son reclutados, manipulados o utilizados por grupos criminales que buscan aprovecharse de su edad, de entornos vulnerables o de la falta de oportunidades.

Chepe Guerrero señaló que este fenómeno no puede normalizarse ni ignorarse, ya que detrás de cada caso existen familias afectadas, comunidades lastimadas y jóvenes atrapados en dinámicas de violencia que terminan destruyendo su futuro.

“Por eso, desde Corregidora proponemos que los menores que cometan delitos graves como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro puedan ser juzgados como adultos a partir de los 15 años. Seguiremos los canales legales correspondientes para impulsar las modificaciones necesarias. Porque quien es capaz de atentar contra una vida también debe responder ante la ley. La edad no puede convertirse en sinónimo de impunidad”, subrayó.

El alcalde destacó que la iniciativa no busca criminalizar a las juventudes ni equiparar automáticamente a menores de edad con adultos, sino fortalecer las capacidades del Estado y de los municipios para prevenir, atender y responder de manera más efectiva ante casos graves de violencia, diferenciando contextos y priorizando siempre la prevención y la reinserción social.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el crimen organizado busca abrirse paso a través de nuestros jóvenes. Tenemos la responsabilidad de proteger a las familias, cuidar a nuestras comunidades y actuar para evitar que más adolescentes sean arrastrados por la violencia”, expresó.

La propuesta contempla fortalecer programas de atención psicológica, educación, capacitación y acompañamiento para adolescentes, además de incorporar herramientas que permitan comprender mejor el entorno familiar y social de cada caso, con el objetivo de evitar la reincidencia y reconstruir proyectos de vida.

Asimismo, plantea medidas más firmes para delitos de alto impacto, reconociendo que la realidad de violencia que enfrenta el país ha cambiado y que las instituciones también deben actualizarse para proteger de mejor manera a la ciudadanía.