By La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), edición 2023, en el que nuevamente Querétaro se ubica en el primer lugar del ranking nacional en respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL), posicionándose como referente nacional por sexto año consecutivo.
En el DNSP 2023, el Sistema Penitenciario de Querétaro fue el único a nivel nacional que obtuvo calificación aprobatoria de 8.61, la más alta que ha tenido el estado y la más alta que ha obtenido un sistema penitenciario desde el 2011, año en que inició este diagnóstico.
La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro se ha mantenido por seis años como la institución mejor evaluada del país, en donde se destacan las buenas prácticas que derivan en aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, programas que fomentan una adecuada reinserción social de las personas privadas de la libertad y acciones para brindar atención a grupos de personas con necesidades especiales.
Lo anterior, fortalece los hallazgos presentados por el Índice de Estado de Derecho 2023-2024 elaborado por la organización de la sociedad civil internacional “World Justice Project”, que destacó al Sistema Penitenciario de Querétaro como el más seguro y respetuoso de los derechos humanos en el país.
Estos resultados, implican un mayor compromiso para la Comisión Estatal en cuanto a continuar fortaleciendo las prácticas exitosas que se implementan bajo la metodología del modelo penitenciario Cosmos, además de atender las áreas de oportunidad conforme ha sido la instrucción del Gobernador Mauricio Kuri González, de respeto a los derechos humanos de las personas.
Este diagnóstico que se publica de manera anual es una atribución conferida en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, priorizando en todo momento el respeto y la observancia a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
